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21/06/2018

Los republicanos temen que Trump deporte a los «dreamers»


Casi 800.000 inmigrantes, y sus familiares, se hallan estos días en vilo, más que nunca. Los llamados «dreamers», aquellos indocumentados que eran menores cuando entraron en Estados Unidos, tal y como quedaron definidos legalmente, esperan impacientes la decisión final de Donald Trump sobre su futuro. El anuncio del presidente podría llegar hoy mismo, aunque algunas fuentes lo situaban ayer en el martes, justo a la vuelta del puente festivo que vive Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca debe decidir si acaba con la norma aprobada en 2012 por su antecesor, Barack Obama, el programa DACA (Acción Diferida para Personas Llegadas de la Infancia), que proporcionó cobertura legal a los 780.000 afectados. Su supresión, o, sencillamente, la no renovación del programa, terminarían derivando en la deportación de todos ellos. Un drama humano que, trasladado a la vertiente política, ha encendido la luz de alarma en el seno de los republicanos, que temen un impacto electoral mayúsculo en el caso de que Donald Trump decida desentenderse de los «dreamers».

El ultimátum de los fiscales generales de diez estados, encabezados por los de Texas e Idaho, ha obligado al poder ejecutivo, representado en la Casa Blanca, a tomar una decisión. Cinco años después de que Obama firmase la orden ejecutiva para amparar legalmente al grupo de inmigrantes más sensible, la llegada de Donald Trump puede suponer un giro radical a esta compasiva forma de actuar. Pero no está claro. El ahora presidente se ha comportado de manera ambigua, según el momento.

Cambio de opinión
Durante la campaña electoral, con un tono mucho más agresivo en política de inmigración, aseguró que terminaría con el DACA y abriría la puerta a las deportaciones. Una vez en el Despacho Oval, se mostró mucho más comprensivo: «(Los dreamers) No deberían preocuparse mucho. Tengo un gran corazón», proclamó días después de empezar su mandato. Aunque en ningún momento llegó a despejar la duda, la misma que mantiene hoy, en vísperas de su anuncio final. El viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, advirtió que aún no había «una decisión definitiva», además de señalar la existencia de «muchos elementos en revisión», basados en los informes del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Poco antes, el presidente se había limitado a lanzar otra afirmación tan sugerente como poco definitiva: «Amo a los “dreamers”».

El presidente con el discurso más antiinmigración de los últimos tiempos, que ha convertido la política de seguridad y de cierre de fronteras en uno de los grandes ejes de su discurso, incluida la promesa de construir un muro a lo largo de toda la frontera con México, se halla, sin embargo, ante un dilema personal. La coherencia apelaría a una decisión negativa para los «dreamers», que además supondría un paso más en la demolición del legado de Obama que emprendió el pasado enero, aunque muchos de sus intentos hayan quedado por ahora aparcados dentro del Congreso. Al tiempo, los ayudantes más cercanos a Trump coinciden en que la situación de los «dreamers» constituye uno de los dramas humanos que más le afectan personalmente.

Preocupados por los efectos de una decisión negativa, la mayoría republicana en el Congreso presiona para que el presidente no los perjudique. «Es algo que no debería hacer», asegura el presidente del Congreso, Paul Ryan. Aunque el asunto va más allá de una simple lectura electoralista. El principal referente republicano sugiere a Trump que pase la responsabilidad al legislativo estadounidense, de acuerdo con la tesis que ha defendido siempre este partido. En 2012, los republicanos cuestionaron la capacidad del presidente Obama de decidir sobre el asunto. A su juicio, la orden ejecutiva de la Casa Blanca no hizo sino complicar el problema, además de situar a los «dreamers» en «un limbo jurídico que hoy todavía no se ha resuelto». Ryan plantea mantener a este grupo en el país hasta que el Congreso apruebe una legislación definitiva. Pero la presión de los fiscales generales de diez estados, contrarios al DACA, obliga ahora al presidente a tomar una decisión.

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